Aspectos que componen un Estado

El territorio

La base territorial es un elemento fundamental del Estado. Constituye el marco espacial en el que se estableció la colectividad humana estatal.

No es concebible un Estado sin territorio aunque no siempre existió en el curso de la historia humana la noción de territorio estatal tan familiar para nosotros. Los pueblos primitivos ignoraban la fijación sobre la tierra que el territorio constituye. Hoy día, con la excepción de algunos pueblos atrasados, las colectividades humanas se fijan en el suelo. Existen lazos estrechos entre la colectividad estatal y una porción de la superficie de la tierra. Esta porción territorial se encuentra limitada.

También se entiende por territorio el espacio en que el estado ejerce su jurisdicción, compuesto por el elemento terrestre propiamente dicho y por otros espacios, como las aguas interiores, el mar territorial y el espacio aéreo comprendido sobre los demás elementos territoriales.

Figura 1. Componentes del territorio nacional.

En relación con este elemento del estado cabe una observación similar a la que se hiciera sobre la población: es creciente la diversidad entre los estados en materia de territorio. Por un lado, Rusia, con 22 millones de Km2 de superficie terrestre, Canadá y China con casi l0 millones, Estados Unidos con 9,3 millones y Brasil con 8,5 millones de Km2, constituyen verdaderos estados continentales, que pueden acoger enormes poblaciones, cuentan dentro de sus fronteras con toda clase de recursos y tienen amplios perímetros de seguridad, al menos para situaciones de defensa convencional.

En el extremo opuesto se encuentran los ya mencionados “miniestados”, y cerca de ellos los estados de territorio reducido. Algunos ejemplos de esta categoría son: El Salvador, Kuwait y Trinidad y Tobago, con territorios de 21.000, 18.000 y 5.000 Krn2, respectivamente. En la mayoría de los casos, las consecuencias del tamaño reducido del territorio son serias: presión demográfica sobre escasas tierras agrícolas, dotación insuficiente o desbalanceada de recursos naturales y alta vulnerabilidad militar.

Tal como se observó en relación con la población, no hay una correlación directa entre tamaño del territorio y nivel del poder nacional. Si bien las llamadas superpotencias son estados de dimensiones continentales, algunos estados con grandes territorios no han alcanzado niveles relevantes de poder nacional; Brasil podría constituir un ejemplo, aunque la gravitación internacional de este país va en rápido aumento. Por otra parte, estados con territorios relativamente pequeños han mantenido o alcanzado posiciones internacionales de gran importancia, como se observa en los casos de los principales estados de Europa occidental y -notoriamente- en el caso de Israel.

El territorio y las relaciones internacionales

La forma y situación geográfica del territorio tienen importancia para las relaciones internacionales de cada estado. Históricamente, la distancia relativa de los principales centros de poder mundial ha incidido en las potencialidades de cooperación y conflicto de cada actor, pero los efectos de esta variable se han atenuado en el contexto de las revoluciones tecnológicas en materia de transportes y comunicaciones.

La posesión de costa marítima se estima universalmente ventajosa, aunque hay estados mediterráneos que han alcanzado significativos niveles de desarrollo e influencia política. Segundo, los territorios compactos ofrecen ventajas para la comunicación y la defensa sobre los que tienen formas desmembradas, especialmente si parte del territorio se encuentra completamente separada del resto. En tercer lugar, se ha argumentado que los territorios insulares estimulan la formación de naciones altamente diferenciadas de los demás países, aunque también se observa que los estados situados en archipiélagos extendidos suelen enfrentar serias dificultades de integración nacional. Gran Bretaña y Filipinas ilustran, respectivamente, estas situaciones. Cuarto, no cabe duda de que un territorio que se encuentra completamente encerrado por el de un solo estado circundante es un factor de vulnerabilidad. A esta situación corresponde el caso de Lesotho en relación con la Unión Sudafricana.

También es altamente precaria la situación -menos inusual- de los llamados estados “amortiguadores” o “tapones”, los que se encuentran entre dos grandes vecinos, generalmente rivales, cumpliendo entre ellos una función de separación. Los reinos del Himalaya, ubicados entre India, y China, corresponden a esta categoría político-geográfica. Por último, ha existido tradicionalmente una marcada disposición a atribuir efectos positivos de seguridad externa a las fronteras naturales entre los estados, esto es, las que se establecen y demarcan siguiendo accidentes geográficos importantes, como cordilleras y grandes ríos. No obstante, la importancia contemporánea de las fronteras naturales ha declinado como consecuencia de los avances de las tecnologías militares. En el interés del desarrollo de la cooperación bilateral y regional, los estados también pueden acordar la realización de obras de comunicación y transporte a través de sus fronteras naturales. Así, Gran Bretaña y Francia han superado las tradicionales reservas que impedían la construcción de un túnel bajo el Canal de la Mancha, emprendiendo un proyecto conjunto para establecer una comunicación terrestre permanente entre los dos países.

Sin postular un determinismo geográfico (como ocurre en el caso de la escuela geopolítica), debe reconocerse la importancia política del factor territorial. Numerosos conflictos internacionales se refieren a cuestiones territoriales, especialmente en los países del Tercer Mundo. Las guerras hegemónicas suelen concluir mediante grandes redistribuciones de territorio. Aunque se acepta en general que en la era contemporánea ha disminuido el valor de la conquista territorial como fuente de engrandecimiento y poder nacional, los conflictos territoriales siguen ocupando lugares de importancia en la agenda política. Los gobiernos expuestos a demandas territoriales generalmente temen que las concesiones que puedan hacer al respecto lleguen a afectar negativamente su reputación de poder y facilitar la formulación de toda clase de nuevas exigencias políticas en su contra.

Actualmente subsisten controversias territoriales entre varias de las potencias más importantes, como Japón y Rusia, China y Rusia e India y China. En América Latina y el Caribe, diversas controversias territoriales se han mantenido vigentes durante largos períodos, mientras que en Asia y África la herencia de la descolonización ha dejado un conflictivo legado de situaciones territoriales por resolver. En estas controversias, las superficies disputadas son generalmente reducidas, pero el potencial de confrontación política y militar en torno de los territorios disputados no es proporcional al tamaño de los territorios que se disputan. La guerra anglo-Argentina de las Malvinas (1982), librada por un archipiélago de escasa extensión territorial, pero de gran importancia potencial tanto estratégica como económica, ilustra esta situación.

Como implica una fijación en el suelo, el territorio definido por las fronteras admite cierta estabilidad. Esta estabilidad sin embargo es relativa. El territorio, marco del establecimiento del Estado, puede cambiar. La historia de un Estado implica cambios territoriales con acrecentamientos o pérdidas territoriales.

El territorio de fijación no es necesariamente de una sola pieza. Hay Estados cuyo territorio, marco de su existencia política, se compone de varias áreas geográficas, separadas entre sí. El Reich alemán de 1919 quedó separado en dos partes; el corredor de Danzig cortaba a Prusia oriental del resto de Alemania. Dos territorios forman a Pakistán.

Fragmentación del territorio

Hace mucho que apareció la fragmentación del territorio estatal en áreas geográficas discontinuas, en el marco de la política de los dominios coloniales. La expresión a menudo utilizada de “territorios de ultramar” marca este corte geográfico entre la metrópolis, a menudo europea, y los territorios sometidos situados en otros continentes.

Finalmente, se observará que, aunque el territorio se presente como el marco espacial del establecimiento de la colectividad humana, esta fórmula es muy relativa. Por un lado, el territorio estatal no se limita al territorio terrestre, dado que contiene algunos espacios marítimos, llamados generalmente mar territorial que constituyen una franja marítima alrededor del territorio terrestre. Estos espacios marítimos no se prestan por supuesto a que se establezcan permanentemente unos seres humanos. Lo mismo se puede decir acerca del espacio aéreo, definido como el prisma de aire que existe arriba del territorio de superficie.

El mismo territorio terrestre no siempre se presta a la vida humana. No son habitables todas las porciones del territorio estatal. Las altas montañas, los desiertos interiores, continúan, por motivos climatológicos, impropios a la vida humana, aunque estén comprendidos en el marco del territorio del Estado. Las regiones polares plantean problemas especiales. Son inhabitables permanentemente. Jurídicamente, pueden formar parte de territorios estatales o pertenecer a espacios que no están englobados en un Estado.

Por otra parte el territorio en el escenario internacional contemporáneo es sujeto a una serie de procesos de tipo ecléctico, dado que la globalización y mundialización favorecen el resquebrajamiento al menos teóricamente de limitaciones regionales, fronteras y dicotomías en cuanto a la configuración de un dogma en lo referente a sectores y territorios a escala global de diversas temáticas constitutivas en concordancia con el poder político que representa un Estado. Enfáticamente Giménez (1996) alude:

Una importante corriente de pensamiento alimentada por ensayistas economistas y filósofos neo-liberales plantea insistentemente la tesis de que la globalización socio-económica ha acarreado la "desteterritorialización" o "deslocalización" de los procesos económicos, sociales, culturales. La mundialización de la economía habría provocado la disolución de las fronteras, el debilitamiento de los poderes territoriales (incluido los de los Estados nacionales), la muerte por asfixia de los particularismos locales y la supresión de las "excepciones culturales", imponiendo en todas partes la lógica homologante, niveladora y universal del mercado capitalista. La extensión de la globalización, que genera el concepto antinómico de "aldea planetaria ", habría eclipsado la relevancia de los territorios interiores, tales como las regiones y los Estados-naciones, por ejemplo, sustituyéndolos por redes transnacionales de carácter comercial, financiero y massmediático, etc., que escapan a todo control estatal y territorial (p.25).

La población

Se establece dentro de un marco espacial finito, determinado por las fronteras. Aproximadamente el 99,8 % de la población mundial actualmente se encuentra asentada en estados independientes. La población es el elemento humano del estado, consistente en el conjunto de individuos, nacionales y extranjeros, que se encuentran en el territorio del estado de manera estable.

La población está instalada dentro del marco general del territorio estatal y regido por el poder político. Se tiende a identificar a la colectividad estatal con la Nación. Esta costumbre es frecuente en Francia y en los países de habla inglesa. Se encuentra esta asimilación y sinonimia en la terminología de las grandes organizaciones internacionales, la Sociedad de las Naciones, la Organización de las Naciones Unidas. Esto equivale a identificar al Estado con un grupo humano particular.

La plasticidad o la estabilidad de las fronteras dependen de contingencias históricas. La historia de la unidad francesa muestra el esfuerzo paciente de los reyes de Francia hacia el acrecentamiento del territorio del reino. Las fronteras de Francia fueron modificadas por la historia a partir de un núcleo central. Unas porciones del territorio actual de Francia fueron añadidas en época reciente. Sólo hace un siglo que Saboya y Niza forman parte del territorio francés.

Europa central y oriental conoció frecuentes cambios de frontera; a veces fueron fenómenos de deslizamiento, como el que muestra el Estado polaco actual, ya que en la conferencia de Postdam en 1945 obtuvo nuevos territorios en el Oeste para compensar los territorios perdidos en el Este. La fijación en el suelo no significa una fijación definitiva en un área geográfica determinada ne varietur de la superficie del planeta.

Población y habitantes

La población instalada en el territorio del Estado aparece de todos modos como un conjunto de seres humanos que habitan el territorio. Es la noción demográfica la que se expresa numéricamente en los anuarios estadísticos. La masa de seres humanos comprende en realidad, a una serie de categorías y que se encuentra a su vez subdividida, independientemente de los problemas planteados por las minorías nacionales.

En ese mismo orden, la población en cuanto a densidad demográfica puede representar un factor determinante en el desarrollo y supremacía de un Estado por la lógica utilitarista de mano de obra cuantiosa y el coste bajo que ello representa, en términos más castos a mayor número de habitantes mayor mano de obra, empero éste fenómeno constituyen en ciertos ámbitos un detrimento a las condiciones laborales y se configura como un problema creciente en el espectro social, dado que las condiciones se tornan protervas y negligentes en cuanto a los parámetros mínimos de estabilidad laboral reforzada contemplado en múltiples sentencias y apartados de la OIT. Es decir que las maquilas y/o maquiladoras pueden robustecer en un primer momento la economía, productividad y cuantificación de un país, pero pudiesen poner en perjurio la obligación del Estado con la nación.

El poder político del Estado se ejerce de manera distinta en cada una de estas categorías. La distinción esencial dentro de la población de un Estado se opera en un primer momento entre la disyuntiva frente a los nacionales y los extranjeros.

Estos últimos, instalados en el territorio, tienen un estatuto particular, distinto del de los nacionales y no disponen de derechos políticos y no en la misma magnitud de los derechos sociales, económicos y culturales. Los nacionales gozan de ciertos derechos pero están sujetos a ciertas obligaciones; están unidos con el Estado por un lazo jurídico y político. Los que satisfacen las condiciones de edad, por ejemplo, son los ciudadanos. A veces se hace una distinción entre el súbdito (ressortissant) y el nacional, siendo el primer término más amplio.

En los Estados complejos que tienen posesiones de tipo colonial, la expresión nacional se opone a la de súbdito (sujet). Los súbditos dependen de la colectividad estatal por un lazo de subordinación; no gozan necesariamente de los derechos de los nacionales, y aún menos de los derechos de los ciudadanos. Las soluciones del derecho positivo pueden variar.

El concepto de ciudadanía dentro de un Estado contemporáneo, en la condición de Estado benefactor, o Estado Social de Derecho, está enmarcado en un plano de interjección de valores, características y cánones de participación, movilización y deliberación, es decir que a partir de H. Arendt, se funge la categoría de ciudanía, entendida cómo el revestimiento que posee un sujeto al ser participe y oriundo de unos arquetipos, condiciones y procedencias dentro de un contexto de construcción de nación, ya sea en un plano local y/o distrital, intermedio u regional y general o nacional, para robustecer la anterior conjetura, se empleará el compendio de Boladeras (2001), el cual afirma:

El propio mundo, en cuanto es común a todos nosotros y diferenciado de nuestro lugar poseído privadamente en él. Este mundo, sin embargo, no es idéntico a la Tierra o a la naturaleza, como el limitado espacio para el movimiento de los hombres y la condición general de la vida orgánica. Más bien está relacionado con los objetos fabricados por las manos del hombre, así como con los asuntos de quienes habitan juntos en el mundo hecho por el hombre (P. 55).

En suma esta condición de ciudadanía debe estar supeditada a un escenario de derechos equitativos, probos y homogéneos, a la vista tanto del espectro jurídico como participes del contexto político, Habermas en Boladeras (2001) sintetiza la preliminar premisa, “el ciudadano, definido a partir del lugar de nacimiento y del patrimonio, tiene derechos en el ámbito público que son vedados a las personas que dependen de él como su patrimonio privado” (Boladeras, 2001: 57).

La ciudadanía en relaciones con la pluralidad referente a la diversidad poblacional por credos, culturas, folclore y procedencia se refiere a la concatenación de factores diferenciales, los cuales constituyen, cosmovisiones, percepciones, folklores y formas de vida, sin embargo todas ellas cohesionadas y unificadas por unos preceptos conductuales desde un aparato normativo, y también la posibilidad de deliberar por fines, problemáticas e ideas que les atañen a los ciudadanos, ya que ellos pueden ejecutar una serie de posibilidades y mecanismos para hacer valida su participación, para delimitar este concepto, es eminente desplegar lo que Arendt, nombrara como Identidad en la diversidad. Boladeras (2001) de nuevo alude a Arendt con el posterior parágrafo:

Ser visto y oído por otros deriva su significado del hecho de que todos ven y oyen desde una posición diferente. Sólo donde las cosas pueden verse por muchos en una variedad de aspectos y sin cambiar su identidad, de manera que quienes se agrupan a su alrededor sepan que ven lo mismo en total diversidad, sólo allí aparece auténtica y verdaderamente la realidad mundana (p.55).

Demografía y sistema Internacional

El sistema internacional contemporáneo se caracteriza por la extrema diversidad prevaleciente entre los estados en los aspectos demográficos y sociales. Las disparidades en las cifras de población han llegado a niveles sin precedentes. El índice Gini (un índice estadístico en que “O” significa una distribución perfectamente homogénea y “1” una distribución perfectamente desigual de una variable) de distribución de la población mundial entre los estados alcanza a 0,79.

Figura 4. Porcentajes de la población mundial.

Las poblaciones de China y de la India son de tal magnitud que por sí solas superan a la suma de las poblaciones de los estados latinoamericanos o europeos.

Los ejercicios demográficos ponen de manifiesto la presencia cuantitativamente importante de los estados de escasa población, que ha incrementado su influencia en las organizaciones internacionales. Por cierto, ninguna proposición tendiente a disminuir el peso de la votación de tales estados ha podido prosperar hasta ahora.

La extrema diversidad demográfica entre los estados probablemente persistirá durante décadas. La mayoría de los esfuerzos de integración de los pequeños estados en unidades algo mayores y viables, en términos de potencial económico, político y de seguridad, han fracasado. Aun entre comunidades vecinas muy pequeñas se perciben diferencias políticas, sociales y culturales difíciles de superar para los actores interesados. En algunos casos se han producido uniones por la acción de actores externos (especialmente las potencias coloniales), que tienden a disolverse cuando éstas ya no se encuentran presentes. De este modo, se han multiplicado las situaciones de alta vulnerabilidad económica y política, especialmente en regiones insulares como el Caribe. Ello constituye una fuente potencial de tensiones internacionales entre las potencias interesadas en someter a su voluntad a los pequeños estados. La reciente crisis de Granada, que culminó con la intervención de Estados Unidos, es un ejemplo relevante.

En tercer lugar, la composición de la nómina muestra que no es fácil establecer correlaciones entre tamaño de población y poder nacional. Ilustraremos este punto refiriéndolo a una dimensión importante del poder nacional, la fuerza militar. Las dos principales potencias militares, Estados Unidos y Rusia, reúnen solamente el 10,6 % de la población mundial, mientras que China, con un 21,5% de la población mundial, es solamente una potencia militar de mediana consideración.

Si bien los cuatro estados de mayor población son potencias nucleares (India realizó una “explosión nuclear pacífica” en 1974), dos estados que no alcanzan a figurar en la nómina, Gran Bretaña y Francia, tienen arsenales nucleares de importancia y gozan de amplia reputación como potencias militares medianas. Israel, con una población de solamente 4,1 millones, dispone de un considerable poder militar. El índice Gini de desigualdad de fuerzas armadas es levemente superior al de población, 0,80, y el de desigualdad de gastos militares alcanza a 0,90.

Relación política entre la Población y el Estado

Tradicionalmente, la población se consideraba tan sólo como el conjunto de los gobernados, que en gran medida constituían un verdadero instrumento político a disposición del príncipe. En la era posterior a la Revolución Francesa, y especialmente bajo la influencia de los movimientos nacionalistas del siglo XIX, cobró fuerza la concepción del estado como una entidad política nacional. El estado no debía tener una población fijada arbitrariamente, sino aquélla que constituía la correspondiente nación, que de este modo se articulaba políticamente en un ente soberano único.

Este principio -de alcance revolucionario en un sistema internacional en que los imperios multinacionales eran actores centrales- se trató de llevar a la realidad a través de movimientos políticos tanto liberales como conservadores, alcanzando su máxima vigencia en el período posterior a la Primera Guerra Mundial, en que se trató de reconstituir el mapa político europeo sobre la base del criterio de nacionalidad.

En muchos casos se da actualmente una sustancial coincidencia entre organización estatal y nación. No obstante, resulta difícil precisar criterios objetivos para definir la nación, y tampoco puede afirmarse de manera general que la nación constituye un fenómeno social y político dado, frente al cual debe surgir y establecerse, como respuesta necesaria, determinada organización estatal. Como ha demostrado Karl Deutsch, históricamente tanto en esta situación como en la inversa una nación se forma sobre la base del desarrollo de hábitos de convivencia social en un marco político creado por un estado que aún no es nacional.

En cuanto a los criterios de nacionalidad, no cabe duda, en primer lugar, de que nación no es una comunidad lingüística. En el interior de diversas naciones coexisten varias lenguas, y el uso de una lengua común no ha hecho a los hispano-parlantes o al “mundo de habla inglesa” (Winston Churchill) formar una sola nación. Lo mismo vale para la religión, sobre todo en un contexto de creciente secularización y pluralismo, sin perjuicio de lo cual determinadas religiones pueden constituir fuerzas y organizaciones transnacionales. El origen común -criterio étnico, que puede transformarse en ideología racial- se da en algunas naciones; pero, cada vez en mayor medida, los estados y las naciones incluyen individuos y grupos de orígenes étnicos diversos: de hecho, naciones importantes, como la norteamericana, han adquirido un carácter marcadamente multiétnico. En estos casos sea sólido tratar de reforzar el sentimiento de nacionalidad a través del cultivo del mito en una herencia común. Debe reconocerse, sin embargo, que los conflictos entre grupos étnicos en el interior de un estado pueden llegar a poner en tela de juicio la existencia de una nación, y eventualmente originar movimientos revolucionarios y separatistas. A su vez, algunos grupos étnicos políticamente dominantes abusan de su posición, tratando de confirmar su “superioridad” a través de la represión de minorías o mayorías dominadas; dos ejemplos son la represión de los judíos en la Rusia zarista y la política de “apartheid” en Sudáfrica.

La historia común aparentemente es uno de los criterios más satisfactorios, debido al efecto integrador que se atribuye al recuerdo colectivo de grandes gestas o de momentos trágicos de la historia. No obstante, la existencia de diferencias considerables entre las visiones históricas prevalecientes en la sociedad -como la aceptación o el rechazo de la Revolución Francesa en el siglo XIX, o la adhesión a distintos bandos en la Guerra Civil Española en el pasado reciente- no es, en último término, incompatible con la existencia de la nación.

En cuanto a la geografía, no cabe duda de que el asentamiento social en determinados espacios geográficos y la identificación con determinados lugares, como las grandes ciudades de un país, son hechos relevantes para la nacionalidad. No obstante, los valles, ríos y montañas no forman la nación, más bien es la nación la que llega a identificarse con los accidentes de su localización, y con las ciudades que son sus obras materiales y culturales. Estos elementos geográficos, desde luego, juegan un rol en la socialización de las nuevas generaciones nacionales.

Mientras cada uno de los criterios objetivos reseñados provee algún grado de fundamentación parcial del fenómeno nacional, el criterio subjetivo debe necesariamente cumplirse para que exista una nación. Desde este punto de vista, la nación es parte de la cultura política, o sea, estriba en un conjunto común de actitudes. Estas consisten, según el clásico enunciado de John Stuart Mill, en una percepción de afinidad social y política, acompañada de la voluntad de convivir como comunidad organizada y autogobernada, en forma permanente. Estas actitudes diferencian a las agrupaciones humanas entre sí y pueden eventualmente dar lugar a la organización de gobiernos nacionales. No obstante, la manipulación política de estos sentimientos encierra un potencial de conflicto internacional.

Reconociendo la validez del criterio subjetivo y advirtiendo sus implicaciones, el gran economista John M. Keynes observaba en 1919 que “las naciones son objetos reales, de los cuales se ama uno y por el resto se siente indiferencia u odio. La gloria de la nación que se ama es un fin deseable -pero que generalmente se obtiene a expensas del vecino”. Cuando el sentimiento nacional se convierte artificialmente en nacionalismo exacerbado -como ocurrió en la época de Keynes-, se configura un elemento importante de enfrentamiento internacional.

La nación es, en fin, un fenómeno dinámico: tiene un proceso formativo, en algunos casos se consolida, y puede decaer y dar lugar a la formación de naciones nuevas. Ha sido un importante factor de composición del sistema estatal contemporáneo, por cuanto muchos estados se definen como entidades políticas nacionales. Pero, mientras en Europa y América el criterio de nacionalidad ha llegado a tener un grado significativo de vigencia ---con importantes excepciones en varios países- en África y Asia los estados-nación son pocos; en la mayoría de los casos el estado se formó antes que la nación y fue el principal agente en el desarrollo del sentimiento nacional. Segundo, en numerosos estados existen elementos de varias naciones. No es posible reagrupar políticamente a estas naciones en otros tantos estados, salvo a costa de una serie interminable de conflictos. Entre los estados multinacionales que se verían afectados por una hipotética pretensión de este tipo podemos mencionar a Rusia, India, China, España y posiblemente Canadá. Tercero, hay naciones divididas entre varios estados, cuya unificación, aunque deseable para muchos, será también sumamente conflictiva bajo las condiciones del sistema internacional contemporáneo: pueden mencionarse en este sentido los casos de las naciones alemana y coreana.

La población y sus movimientos internacionales

Los procesos de emigración e inmigración afectan las relaciones internacionales en la medida en que alteren las tasas de crecimiento demográfico en diferentes estados, influyan en el desarrollo económico y establezcan relaciones transnacionales entre las sociedades de origen y las de destino. No obstante, en la época en que las migraciones alcanzaron su mayor volumen -entre el último tercio del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial- estos procesos en general no tuvieron connotaciones conflictivas.

En la medida en que coincidieron las preocupaciones europeas en torno de una supuesta sobrepoblación con las aspiraciones americanas de incrementar las cifras de población de origen europeo, el proceso pudo mantenerse prácticamente libre, favoreciendo de manera importante el desarrollo de los mayores receptores, como Estados Unidos y Argentina.

En cambio, en el curso de este siglo las migraciones se han vuelto crecientemente conflictivas. La mayor comunicación entre las sociedades aumentó la fuerza de los “factores de expulsión” de migrantes en los países que han sufrido crisis económicas y políticas, mientras los países receptores evolucionan hacia criterios selectivos de admisión, destacando los de orden económico, educacional y aun racial. En algunos países, como Estados Unidos, millones de personas han ingresado como inmigrantes ilegales, burlando de este modo los criterios oficiales de inmigración.

También ha hecho crisis el problema mundial de los refugiados: decenas de millones de personas han debido dejar sus países de origen al sufrir en ellos los rigores de la guerra y diferentes formas de discriminación, miseria y persecución política, religiosa y racial. Se calcula que la Segunda Guerra Mundial causó el desplazamiento de 45 a 50 millones de personas en Europa. La partición de la India originó flujos de refugiados entre India y Pakistán que habrían llegado a 12 millones de personas. La guerra civil china originó no menos de 25 millones de refugiados. Más recientemente, las guerras de Indochina y Afganistán han significado la expulsión de al menos 4 millones de personas de sus países de origen. Los anteriores son solamente algunos ejemplos importantes dentro de un conjunto mucho mayor de flujos de refugiados.

Figura 4. Tasa de migración.

Poder Político

El tercer elemento constitutivo del Estado, después del territorio y la población, es la existencia de una organización política a la que queda sometida la población establecida en el territorio. Este poder político está organizado según las disposiciones que no dimanan del derecho internacional sino del derecho interno, derecho constitucional y derecho público general. Sin embargo, el asunto se ventiló, en el marco internacional, y se indagó si el poder político no tendría una esencia particular que constituiría a la colectividad estatal, para diferenciarla de las demás colectividades humanas.

Un elemento inherente para la constitución del poder político como mecanismo y herramienta excelsa del Estado moderno, es lo que Foucault denomina cronológicamente, como el poder pastoral, el cual se consolida a través de la teología cristiana en occidente como una técnica de ejecución del poder político, individualizando y totalizando todos los espacios indivisibles donde es recurrente, factible e incluso latente los ejercicios de poder, Foucault (1988) acuña:

Quisiera destacar el hecho de que el poder del Estado (y ésta es una de las razones de su fuerza) es una forma de poder individualizadora y totalizadora. Nunca, yo creo, en la historia de las sociedades humanas -ni en la vieja sociedad china- ha habido una combinación tan compleja de técnicas de individualización y procedimientos de totalización en el interior de las mismas estructuras políticas. Ello se debe al hecho de que el Estado moderno occidental integró, en una nueva forma política, una vieja técnica de poder que nació con las instituciones cristianas. A esta técnica de poder la podemos llamar el poder pastoral […]

1. Es una forma de poder cuyo objetivo último es asegurar la salvación individual en el otro mundo.
2. El poder pastoral no es meramente una forma de poder que ordena; también debe estar preparado a sacrificarse por la vida y la salvación del rebaño. En ello se distingue del poder soberano, el cual exige el sacrificio de sus súbditos para salvar el trono.
3. Es una forma de poder que no sólo se preocupa por toda Ia comunidad, sino por cada individuo particular, durante toda su vida.
4. Finalmente, esta forma de poder no puede ejercerse sin conocer el pensamiento interior de la gente, sin explorar sus almas, sin hacerlos revelar sus secretos más íntimos. Ello implica el conocimiento de la conciencia y la habilidad de guiarla(p.9).

Soberania

El poder soberano establece los parámetros esenciales a lo que el Estado se constituye como un ente legítimo, legal y meta-sistémico ya sea por dos causalidades esencialmente, los componentes de carácter endógeno y exógeno, en otras palabras la legitimidad otorgada por la nación, el pueblo, los ciudadanos y la que otorgan otros estados y actores internacionales al reconocer a un Estado neófito como soberano. Para estipular una noción clara de soberanía en el panorama actual es necesario revisar con detenimiento las vicisitudes y disyuntivas que posee la soberanía como concepto, y en suma con su pragmatismo, Martínez, (2005) menciona el contraste entre la visión clásica y el panorama actual de este concepto:

En estas circunstancias, ¿cuál es el contenido actual de la noción de soberanía?. Señalar que se trata de un concepto mutable y cambiante, que ha evolucionado paralelamente a las transformaciones del Estado moderno, no es más que una obviedad. Ya no es posible afirmar, como hacía Hermann Heller, que "la soberanía es la cualidad (...) de decisión y acción que se afirma de manera absoluta, en los casos de necesidad, aun en contra del derecho".

La soberanía se define, en su concepción formal, sobre la base de dos elementos sustantivos: la igualdad y la independencia de los Estados. Desde una perspectiva menos formalista, la soberanía puede enunciarse como el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos, tanto desde un punto de vista político como económico.

No obstante, este concepto teórico de soberanía quedaría hueco, vacío, si no se vincula a la noción de competencia. Desde esa perspectiva, la soberanía puede identificarse como "la titularidad originaria del máximo de competencias compatibles con aquellas, iguales, de las que gozan los demás Estados", o como "el conjunto de competencias atribuidas al estado por el derecho internacional ejercitables en un plano de independencia e igualdad con los demás Estados". La noción de soberanía va indisociablemente unida a la noción de Estado.

Desde un punto de vista teórico, la soberanía constituye el fundamento, y el ejercicio de las competencias soberanas la consecuencia. Se puede delegar/atribuir el ejercicio de competencias soberanas a una organización internacional, pero no se transfiere la soberanía misma. Cuando los Estados limitan o transfieren el ejercicio de sus derechos soberanos ejercen su soberanía. (p.12).

Según la teoría clásica, la soberanía es el criterio del Estado. Parece el eco de la solución tradicional en los tratados generales que constituyen el estatuto de algunas organizaciones internacionales. El párrafo 1 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas indica formalmente: “La Organización se funda en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros”.

La noción clásica de soberanía, criterio del Estado, no es en derecho internacional sino la transposición de la teoría de la omnipotencia del Estado tal como se había imaginado o reconstituido en derecho interno con el renacimiento del derecho romano. El Estado es una colectividad soberana, ya que no admite colectividad superior a él y ya que dispone de la plenitud del poder político.

Pero el concepto clásico de la soberanía se topa con una grave contradicción en el plano internacional. Podría admitirse que los Estados fueran soberanos si la sociedad internacional fuese absolutamente anárquica y si no existiera derecho internacional alguno. Pero en cuanto se admite la existencia de un derecho internacional cuyos únicos sujetos serían los Estados soberanos, se llega a un absurdo. El Estado no es soberano si se somete al derecho. Si el Estado no es soberano, la soberanía no puede ser el criterio de la colectividad estatal.

En último análisis, surgen las mismas objeciones ante las variantes de la teoría clásica, imaginadas por varios autores alemanes, teoría del derecho de Laband y sobre todo la célebre teoría de Jellinek; de la auto limitación, según la cual el Estado no puede estar sometido por más voluntad que la suya, pero se auto sujeta por los tratados que firma. La autolimitación es discrecional por parte del Estado, ya que puede liberarse de la norma que él mismo creó libremente. La fórmula conocida de Jellinek según la cual el Estado tiene la competencia de la competencia, bajo un nombre diferente de apariencia científica, es la teoría usual de la soberanía.

La teoría de la soberanía desde el punto de vista científico es inexacta y peligrosa por las consecuencias políticas que implica; ya no se sostiene hoy en día. Sólo se mantiene en la práctica internacional. Representa entonces una noción debilitada y con limitaciones y no constituye ya un criterio del Estado y no puede ser utilizada como tal.

El Estado es una colectividad soberana en cuanto rige sus asuntos internos y externos de acuerdo con criterios y procedimientos libremente fijados a través de sus propios procesos políticos, sin encontrarse sujeto a autoridad alguna, fuera del estado o sobre éste. La soberanía importa una relación de supra y subordinación. Así, en las democracias, el ciudadano está sometido a las decisiones del cuerpo político formado por el pueblo y, en todas las formas de gobierno, los gobernados se encuentran bajo la autoridad de los gobernantes. Por esta razón, la soberanía se caracteriza como una relación “vertical”.

En los textos de derecho político se dice frecuentemente que la soberanía es interna en las dimensiones recién señaladas y externa cuando se trata de las relaciones entre estados. A nuestro juicio, esta distinción no se justifica. En sus relaciones recíprocas, los estados son jurídicamente iguales, esto es, tienen todos esencialmente los mismos derechos y obligaciones. En virtud de este principio de igualdad jurídica, sus relaciones son formalmente “horizontales” o de coordinación, o sea, no se da en principio la supra y subordinación propias de la soberanía. Desde este punto de vista, tiene mayor fundamento el concepto de independencia de los estados, que se postula como una consecuencia del carácter soberano de cada estado individualmente considerado. Como entidad política independiente, el estado tiene derecho a la autodeterminación de sus políticas, lo que impone a cada estado la obligación correlativa de no intervención en los asuntos de otros estados, consistente en el deber de abstenerse de interferir en cualquier forma en el ejercicio de las potestades soberanas de los demás estados.

No obstante, el uso del concepto de soberanía en las relaciones internacionales se encuentra firmemente arraigado y, más allá de la precisión del párrafo anterior, no pretendemos cambiar el lenguaje establecido. En gran medida, esta situación se debe a que la propia Carta de las Naciones Unidas en el Art. 2 N° 1 declara que la Organización se basa en el principio de “igualdad soberana” de sus miembros.

Parcialidad del principio de igualdad soberana en la práctica internacional

Al respecto cabe distinguir básicamente tres situaciones: estados independientes que no intervienen en los asuntos de otros estados, estados interventores, y estados intervenidos.

La primera situación corresponde a los casos de vigencia efectiva del principio. Los estados que se encuentran, en esta situación ejercen eficazmente sus competencias internas y conducen sus relaciones con otros estados sin sufrir actos de intervención ni intervenir en los asuntos de otros. Esta situación de independencia no obsta a la existencia de diversas relaciones de interdependencia, las que son especialmente importantes, por ejemplo, en el plano económico. La independencia tampoco implica la inexistencia de las relaciones de poder que hemos definido como esenciales en la política internacional. Aunque un estado sea jurídicamente igual a otro, en la práctica puede tener mayores o menores recursos para ejercer poder, una diplomacia más o menos diestra, etc. Estas diferencias dan lugar a situaciones y posiciones más o menos ventajosas de los estados en sus relaciones recíprocas, en virtud de las cuales los estados obtienen distintos resultados en sus políticas exteriores.

Tales diferencias en las relaciones recíprocas no constituyen en sí mismas situaciones de intervención, mientras cada estado conserve la opción de escoger sus cursos de acción internacional sin dictado o interferencia de otro, aunque con conocimiento de las reacciones que sus decisiones puedan suscitar en otros estados. Por ejemplo, las demandas de Estados Unidos a Japón en el sentido de facilitar el ingreso de mercaderías norteamericanas en ese país no constituyen un acto de intervención en los asuntos japoneses. Japón puede acoger o desechar tales demandas, pero en el último caso debe anticipar la eventual adopción de algún tipo de represalia comercial por parte de Estados Unidos.

La segunda situación corresponde a los estados que intervienen en los asuntos internos y/o externos, de otros estados. Estos estados no se limitan a ejercer soberanía en el ámbito de sus propias colectividades políticas, sino que desarrollan actividades coercitivas frente a otros estados. Estas exceden los límites del normal ejercicio del poder internacional descrito en el párrafo anterior, sin alcanzar por otra parte el carácter de una guerra contra el estado que sufre la intervención. La intervención frecuentemente involucra el uso de la fuerza por parte del estado interventor, pero en muchos casos la amenaza del uso de la fuerza es suficiente para materializar el propósito intervencionista. En segundo lugar, la intervención puede ser individual o colectiva, según se dé la participación en ella de uno o más estados interventores.

La Santa Alianza constituye un ejemplo de intervención colectiva institucional en el siglo XIX. La intervención, en tercer lugar, puede tener por objeto interferir en la política exterior de un estado, en su política interna o en ambos aspectos a la vez. La primera suele surgir directamente del contexto de las relaciones de poder, especialmente si un estado no logra asegurar un determinado interés externo por las vías convencionales. Mientras esta intervención suele resultar difícil de establecer, por cuanto el estado interventor generalmente alegará que sus acciones no constituyen interferencia en las competencias de otro estado, las intervenciones en los asuntos internos son más fácilmente identificables, por cuanto importan una verdadera sustitución de la competencia del intervenido por parte del estado interventor.

Generalmente, éste será un estado dotado de considerables medios de poder que interfiere en los asuntos de un estado débil; rara vez se encontrará la situación contraria, ya que los estados de mayor gravitación internacional tienen muy bajos niveles de tolerancia a la interferencia externa. Además, la intervención contra una gran potencia necesariamente implica una amenaza directa de guerra, por cuanto una gran potencia tiene mayor probabilidad de resistir la intervención que una potencia menor.

Por último, es posible distinguir intervenciones, según su duración, de corto y de largo plazo. Las primeras se limitan al tiempo necesario para un propósito determinado del interventor, mientras que las segundas configuran situaciones de dominación internacional de larga duración, formando esferas de influencia que en algunos casos llegan a institucionalizarse bajo la forma de sistemas de tipo imperial o de protectorados, con evidente menoscabo de la independencia de los estados intervenidos.

La intervención de la URSS en los asuntos internos y externos de diversos estados de Europa Central y oriental, que se basa en su abrumador predominio militar, en el sistema transnacional del Partido Comunista y en un sistema de alianzas cuya pieza central es el Pacto de Varsovia, ejemplifica la situación de intervención de largo plazo; las múltiples intervenciones de Estados Unidos en América Central y el Caribe desde fines del siglo XIX hasta por lo menos 1933 fueron acciones de corto plazo, aunque por su carácter repetitivo el efecto fue parecido al de las intervenciones de largo plazo. En algunos casos (como en Nicaragua), Estados Unidos también intervino por períodos prolongados de tiempo. Las intervenciones norteamericanas se basaron en un incontrarrestable predominio militar y fueron impulsadas por la existencia de intereses económicos privados de individuos y compañías norteamericanas en los estados intervenidos.

Frecuentemente se utilizó para estas acciones el pretexto de la protección diplomática, institución del derecho internacional cuyo objetivo es cautelar los derechos de los extranjeros frente a las transgresiones de que puedan ser víctimas en los países en que se desarrollan sus actividades. La Unión Soviética, en cambio, se valió repetidas veces de supuestas solicitudes de “asistencia fraternal” de los gobiernos de los países intervenidos como pretexto para ejercer coerción en ellos.

En Afganistán, por ejemplo, tal asistencia debía tener por objeto ayudar al gobierno de Kabul a derrotar a los insurgentes afganos, pero en realidad se trató de un verdadero golpe de estado que instaló en el poder a un gobierno afgano dependiente de Moscú.

Los estados intervenidos se pueden encontrar en situaciones muy distintas, dependiendo de las características de las acciones de intervención y de su situación en el sistema político internacional. Así, un estado que se encuentra en una situación internacional estable y consolidada puede por lo general rechazar exitosamente las acciones de intervención dirigidas en su contra, valiéndose de medios políticos y/o militares apropiados bajo su control. En situaciones más precarias, un estado puede ser objeto de intervenciones de largo plazo, careciendo de medios propios suficientes para poner fin a la intervención.

En tales condiciones, suelen producirse acciones de contra intervención por parte de terceros estados que tienen interés en oponerse a 1a primera intervención, lo que puede hacer del estado intervenido un virtual campo de batalla política, y eventualmente militar, entre estados rivales. En algunos casos la intervención es el preludio de una incorporación política que extingue definitivamente la existencia del estado intervenido. Así, el reino de Hawai fue convertido en protectorado de Estados Unidos a fines del siglo pasado, para luego convertirse en territorio y finalmente en un estado más en el sistema federal norteamericano.

No creemos necesario recalcar que las acciones de intervención constituyen violaciones del Derecho Internacional, que se basa en el principio de no intervención, como protector de la independencia política de los estados. Esta independencia se resguarda tanto frente a otros estados, como frente a las organizaciones internacionales. El principio básico aplicable a estas entidades en relación con los estados se enuncia en el Art. 2 No 7 de la Carta de las Naciones Unidas, que establece como uno de sus principios que la Organización no intervendrá en los asuntos que se encuentran esencialmente en el ámbito de jurisdicción interna de los estados. No obstante, es posible que determinados estados establezcan mecanismos regionales de integración, como ha ocurrido en los últimos treinta años en el caso de la Comunidad Europea, radicando en ciertos órganos regionales determinadas competencias o atribuciones que se ejercen directamente en relación con las personas naturales y jurídicas de los estados miembros. En esta situación -que ciertamente es excepcional en el sistema internacional- hay al menos un principio de autoridad soberana en una organización internacional o, desde otra perspectiva, un actor supranacional en formación, que coexiste con los estados miembros, compartiendo con estas algunas competencias y ejerciendo otras en carácter propio.

El análisis jurídico-formal de la soberanía y del tema de la intervención no es propio de la perspectiva de este libro, debiendo buscarse en los textos de derecho internacional. Por otra parte, los antecedentes expuestos en este párrafo permiten fácilmente concluir que las acciones de intervención constituyen una de las principales manifestaciones de conflicto político internacional.