En Colombia los principales aspectos que impactan el desarrollo de la industria tiene que ver con:
La comparación de las cifras estadísticas del DANE y de la ANDI de 1982 con las arrojadas por el Censo Económico Nacional y Multisectorial de 1990 muestra el proceso de descentralización de la actividad industrial, tanto por áreas metropolitanas como por sectores del país. Por ejemplo, en 1982 el 83.3% de los establecimientos industriales se localizaban en cinco áreas: Bogotá (31.8%), Antioquia (22.4%), Valle del Cauca (14.8%), Atlántico (7.3%) y Santander (7%). En estas mismas áreas se concentraba un 81.1% del personal empleado.[1]
Las cifras del censo Económico de 1990 señalan que el 64.9% del total de los establecimientos industriales se localizaban en las siguientes cinco zonas del país: Bogotá (28.4%); Antioquia (13.1%); Valle del Cauca (13.2%); Santander (6.2%) y Atlántico (4.0%). A partir de 2003 y 2004 ha sido evidente un crecimiento de la industria en Atlántico, que en 2005 debe de generar más de un 8% de la producción industrial del país.
En estas mismas cinco áreas se concentra el 79.9% del personal ocupado en el ámbito nacional[2]. Con la descentralización política y administrativa puesta en marcha por el gobierno mediante la Ley 13 de 1986, y acentuada por la nueva Constitución Política de 1991, se espera que la centralización en sólo cinco polos industriales sea cada vez menor y se disgregue más armónicamente sobre el resto del territorio nacional, en especial sobre zonas de escaso desarrollo económico con deficiencias de empleo y suministro de bienes manufacturados.
La industria colombiana se caracteriza por su concentración geográfica en unos pocos polos y en pocas actividades. Al comparar su estructura con la de otros países de similar ingreso per cápita, se halla que las industrias de bienes de consumo e intermedios se encuentran sobredimensionadas con respecto a la de bienes de capital.
Esta estructura no se ha modificado desde hace 20 años, a pesar de que el modelo de desarrollo de crecimiento hacia adentro propendía a la sustitución de bienes finales o de consumo, inicialmente, para poder sustituir la de bienes intermedios y luego la importación de bienes de capital. En este último nivel de sustitución se han hecho notorios avances, pero aún falta mucho por lograr. Los alimentos constituyen más del 20% del producto industrial; las bebidas cerca del 7.2%; los textiles el 5.6%; y los productos químicos el 8.7%. Estas cuatro ramas constituyen el 43% del total de la producción manufacturera.
En cuanto a la importación de bienes, según su uso o destino económico, el sector manufacturero colombiano se ha caracterizado por la compra mayoritaria de bienes intermedios, los cuales desde 1960 nunca han representado menos del 40% del total de compras industriales al exterior.
Para 2004 llegaron a más del 52% del total. La compra de bienes de capital se ha mantenido en segundo lugar, y nunca ha representado menos del 30% del total. En 2004 y 2005 ha aumentado notablemente, mientras que las importaciones de bienes de consumo nunca han superado en ese mismo lapso el 19.5% de las importaciones industriales.
La concentración es poco saludable, pues sucede lo mismo que en sector exportador; cuando se depende de pocos productos para el desarrollo del país, éste se verá sometido con más rigor que otros a las fluctuaciones cíclicas de la economía. Se puede poner como ejemplo los textiles, al perder su competitividad por causa de las obsolescencias y del contrabando, generó un gran volumen de desempleo, que no pudo ser absorbido con eficiencia por los demás sectores de la industria.
Respecto al ciclo industrial en Colombia, un estudio del Banco de la Republica señala que el consumo y la productividad del trabajo en la industria se adelantan 12 meses a los movimientos del ciclo de producción industrial, la inversión se rezaga tres meses, el empleo 12 meses y los precios entre seis y 10 meses de acuerdo con la desagregación por grupos de bienes. Los resultados indican también que los precios que primero responden al ciclo son los bienes de consumo intermedio, mientras los de consumo final y de capital se rezagan 2 meses más[3].
Del total de cartera en moneda doméstica del sector financiero, y que a enero de 2004 ascendía a 56.8 billones de pesos, cerca de 63% era destinada a actividades, entre ellas capital de trabajo, reposición de equipos e inversión industrial. Para microcréditos sólo se había colocado un total de 568 millones, menos del 1% del total, evidenciando la restricción al crédito para el pequeño empresario. Para reversar esto último, se buscó ampliar la posibilidad de acceso a crédito de las Mipymes mediante el fortalecimiento institucional del Fondo Nacional de Garantías (FNG), permitiéndole mayor capacidad operativa, mejor gestión de riesgo y una mayor confianza por parte del sector financiero como aval de deudas para microempresas (Articulo 72, ley 795 de 2003). Las corporaciones financieras se mantienen con un perfil de préstamos a más largo plazo y mayor nivel de riesgo que los bancos.
Los préstamos en moneda extranjera han sido otro recurso importante para este sector, el cual, ante la imposibilidad de obtener las financiaciones adecuadas y suficientes en Colombia, asume los riesgos cambiarios que conlleva este tipo de financiación. En algunos años la Junta Monetaria (ahora junta directiva del Banco de la República) ha prohibido o limitado el acceso a la financiación externa para el sector privado por considerar que las divisas así obtenidas son un factor infraccionarío. Para 1970 el total de préstamos externos hechos al sector privado, y que éste dedica en su mayor parte al sector minero y manufacturero, ascendió a US$457 millones. En 1983 llegó a US$3.603 millones, luego descendió a US$2.948 millones a principios de 1993, y ascendió de nuevo a US$9.200 millones a fines de 1996. Debido a la volatilidad cambiaria de inicios de siglo en toda América Latina, el sector industrial ha disminuido su apalancamiento externo y, por el contrario, prefirió prepagar en moneda extranjera, reduciéndose al saldo de la deuda externa privada.
La incapacidad de la banca para atender la demanda de crédito del sector industrial ha hecho que éste recurra al mercado extrabancario en volúmenes cuyo monto es muy difícil de estimar. Los intereses extrabancarios han llegado en algunos casos a superar el 50% nominal anual.
Fuente importante de recursos para bancos y comparaciones ha sido la línea de crédito extendida al país por el Banco Mundial, y su Corporación Financiera, para préstamos con destino a la creación de nuevas industrias sustitutivas de importaciones o creadoras de exportaciones, con plazos adecuados que han posibilitado al surgimiento de la mayoría de las grandes industrias del país en las últimas dos décadas.
Podría afirmarse que la mayoría de ellas han recurrido a esta fuente financiera que se ha complementado con los recursos suministrados por el Fondo de Inversiones Privadas. Otra institución que provee de recursos para el fomento de la industria en el Fondo de Promoción de Exportaciones (Proexpo), ahora Banco de Comercio Exterior. A raíz de la expedición de la ley 31 de 1992 (Orgánica del Banco de la República), los fondos de fomento que pertenecían al Banco de la República fueron trasladados al Instituto de Fomento Industrial (IFI), en liquidación a partir de 2002, y sus activos y pasivos fueron asumidos por Granahorrar y Bancoldex, que continúa manejando el crédito de fomento proveniente de líneas externas, Se cerró así un capitulo muy activo de la banca de fomento industrial en el país que comenzó en los años setenta.
Mientras en 1965 la principal fuente de recursos para la empresa era la generación interna, con una participación del 49.2%, seguida del crédito con el 36.6% y los aportes de capital de los socios con un 14.2%, en los años ochenta los préstamos constituyeron la principal fuente de recursos con una participación del 67.3% sobre un 29.9% de las fuentes internas y un 2.8% de aportes de capital. De igual manera, el uso que dieron las empresas industriales a los fondos pasó de un 30.6% para capital fijo, 15.3% a inventarios y 54.1% a usos financieros en 1965, a 22.8%, 23.1% y 54.1%, respectivamente, durante los años ochenta[4].
Uno de los más graves problemas que ha afrontado la industria nacional es el excesivo endeudamiento, el cual se refleja en una debilidad en una debilitada liquidez general y de capital de trabajo. Esta situación se registra en los deficientes coeficientes financieros de muchas empresas. El excesivo aumento de la relación pasivo-patrimonio eleva la inseguridad del capital, que ante el riego huye y se profundiza la crisis, llevando muchas empresas a la quiebra, a acogerse a la reestructuración prevista en la ley 550 de 1999, cuya vigencia fue prorrogada a fines de 2004, o al concordato.
Ante estas dificultades, a partir de 1980 la figura del concordato se utilizó como una antesala de la declaratoria de quiebra para que, con el aporte de los acreedores y propietarios, se tratara de sacar a flote la empresa. Sin embargo, debe señalarse que hubo abusos de algunos negociantes con esta figura jurídica para dilatar el cumplimiento de sus obligaciones, en especial las de carácter laboral. De allí surgió la necesidad de introducir, reformas a las disposiciones sobre concordatos, contenidos en el Código de Comercio que entraron en vigencia en 1996.
Con el propósito de disminuir las posibilidades de crisis financiera, se ha estimulado la capitalización empresarial. Ésta se ha buscado a través de la emisión de nuevas acciones y la retención de utilidades operacionales. Sin embargo, el espíritu empresarial que forjó el sector industrial se vio fuertemente golpeado por la expedición del decreto 2317 de 1953, que estableció el régimen de la doble tributación, desmontado a finales de los años ochenta.
De esta manera se desestimulo la inversión en acciones y la creación de un mercado monetario para la circulación de papeles de renta fija.
Con el fin de mejorar la rentabilidad empresarial y reactivar la inversión por medio de la sociedad anónima, la reforma tributaria hecha por la ley 75 de 1986, eliminó la doble tributación. El decreto 624 de 1989, que la reglamentó, determinó que las participaciones y dividendos no constituyen renta ni ganancia ocasional.
El mercado de capitales se ha visto como una muy eficiente fuente de recursos para el sector real de la economía, pero sólo a fines de 1991 el mercado accionario empezó a tener una participación importante en las operaciones bursátiles. Hasta entonces apenas alcanzaba el 5% del total de transacciones bursátiles y aún a pesar de su recuperación en cotizaciones y volumen durante 2004 su porcentaje sobre el total de operaciones bursátiles sigue siendo bajo. La colocación de bonos apenas empezó a cobrar importancia al iniciarse los años noventa. Además, los propietarios han sido reacios a la entrada de desconocidos en el manejo y las decisiones de las empresas. Por tal motivo la ley 27 de 1990 reglamentó la emisión de acciones con dividendo preferencial sin derecho a voto, las cuales fueron colocadas en el mercado por primera vez en septiembre de 1991. Esta modalidad de títulos valores, así como los procesos de democratización accionaría llevados a cabo por empresas como ISA, en 2002, y ETB en 2003, estimuló nuevas colocaciones que capitalizan la rama industrial.
[1] Síntesis Económica, octubre 10 de 1983.
[2] DANE, Censo Económico Nacional y Multisectorial, 1990. Avance estadístico: febrero de 1991.
[3] Ripoll N, Martha; Misas A, Martha y López E, Enrique. Una descripción del ciclo industrial en Colombia. Banco de la Republica. Borradores Semanales de Economía, No 33, 1995.
[4] Rosas Díaz, M, G, Formación de capital, productividad y desarrollo industrial. Boletín de la Comisión Nacional de Valores. No 6, Vol. 2, año 2, 1984.