Reforma Tributaria
La Reforma Agraria se establece jurídicamente en la Ley 135 de 1961, donde se crea el INCORA como ente administrativo para su cumplimiento. Esta se fundamentó en la entrega de tierras a campesinos que carecían de estas, la explotación de tierras para cultivo y la obtención de servicios sociales básicos y otros beneficios para ejercer esta labor.
Los términos para la reforma son moderados para los terratenientes aunque no deja de molestarlos. La expropiación requiere de largos trámites e indemniza en base a avalúos generosos, pero utiliza un sistema de pago no muy líquido que proteje poco a los afectados de la inflación que por estos años ronda en niveles bastante altos. Los verdaderos términos de la reforma están dados por el hecho de que se necesitarán varias decenas de veces el presupuesto nacional para adquirir las 13 millones de hectáreas que monopolizaban unos 8.000 individuos en 1970, según censo agropecuario de ese año. El censo mostraba además de que había 1.000 explotaciones de más de 2.000 hectáreas de extensión que ocupaban el 25% del área agropecuaria del país, en tanto que los campesinos con menos de 10 hectáreas tenían sólo el 7.5% del mismo área en uso.
El nuevo estatuto establecía que la tierra debía ser catalogada como "inadecuadamente explotada" para poder ser expropiada. Fuera de la largueza conque se podía juzgar lo adecuado o no en la explotación de una determinada hacienda, la ley hacía difícil intervenir al Instituto de Reforma Agraria (INCORA), doquiera que el capital había organizado la producción agrícola. Evidentemente, el INCORA no intervino ninguna región de agricultura comercial y una vez que lo intentó en la región de Jamundí, en el Valle del Cauca, la oposición fue tan irascible que la medida fue suspendida sobre la mayor parte de las tierras que iban a ser afectadas.
La política de titulación de baldíos del INCORA fue un poco diferente a la de expropiación, porque la presión sobre la frontera agrícola aumentó considerablemente con los emigrados de la guerra. La reversión al Estado de las tierras en propiedad pero no habilitadas, entró a operar ahora con mayor plenitud que en los intentos reformistas pasados. Los grandes propietarios pretendían menos ahora que antes la posesión de regiones no civilizadas, aunque no dejaban de presentarse conflictos en la medida en que tales regiones empezaban a ser integradas al mercado nacional. La nueva situación política lleva incluso a muchos terratenientes a afirmar que es mejor abrir la colonización que hacer reforma agraria y exageran las bondades de la selva y la cantidad de tierras disponibles. (Kalmanovitz, 1982)
Según lo consultado en portafolio.co, cuando el Estado dejó en abandono algunas de estas tierras, el desarrollo de cultivos ilegales como marihuana y coca se incrementaron, y a su vez, esto acarreó que laboratorios de cocaína fueran más comunes en algunas regiones del país. Esta problemática trajo consigo que la violencia se incrementara al producir encuentros entre guerrillas, traficantes y militares del Estado, y al imponer tributos corruptos a los adyacentes a estos temas de cultivos ilícitos. Todos estos encuentros violentos afectaron gravemente a la población comprometida en la agricultura.
A pesar del auge de otros cultivos, el café siguió representando un rubro importante y fue así que a inicios de la década de los 60 se inició un plan de recuperación combinando crédito, nuevas tecnologías, asistencia técnica, extensión y precio. Como resultado, para comienzos de los 80 la producción aumentó 70% sobre la producción de principios de los 70.
A comienzos de los 80 se presentó una crisis sectorial de causas variadas: la crisis industrial de finales de los 70; la violencia rural; la liberación de importaciones; la baja inversión estatal agropecuaria; la revaluación del peso; los excedentes mundiales agrícolas; el incremento de precios de insumos y maquinaria.
Por otra parte, la agricultura campesina se vio afectada por los mismos problemas, pero además por la ausencia de asistencia técnica y el difícil acceso a los recursos de crédito.
Sin embargo, a finales de la década de los 80, como consecuencia de decisiones macroeconómicas y altos precios agrícolas internacionales se le dio un empuje a la política agropecuaria a través del programa de 'oferta selectiva' el cual dispuso de crédito, tecnología, mecanización, asistencia técnica y comercialización.
Como consecuencia, el PIB agropecuario entre 1986 y 1990, tuvo un crecimiento superior al PIB total y osciló entre 2,9% en 1988 y 6,5% en 1987. En 1990 la política se orientó a un programa de liberalización del comercio, que condujo al desmonte gradual de la intervención estatal en los procesos de importación. (portafolio.co, 2010)
Según portafolio.co, a raíz de lo anterior, en 1992 se desencadenó una de las mayores crisis agrícolas en el país debido a que se estableció como medida para amortiguar la variación de los precios internacionales, las franjas de precios en algunos productos sensibles. Esto conllevó a una disminución del 12% en los productos transitorios. Al siguiente año se implementó un plan de reactivación que trataba de ayudar a este sector a salir de su declive, pero la estratégia no funcionó y la caída del agro continuó, hasta que en el año 1998 se inició una reestructuración que reacomodó la producción y la dirigió hacia los productos con los que el país podía ser más competitivo. Por otra parte, la estrategia de "oferta agropecuaria" fue diseñada para recuperar la agricultura de transitorios durante un periodo de tiempo donde la tasa de cambio fue mucho más favorable. Esto dio como resultado que los porcentajes de crecimiento en el área de siembras, en la producción agrícola, las exportaciones y el PIB agropecuario, incrementaran considerablemente.1