Arbitramiento o arbitraje

El arbitramento es uno de los mecanismos previstos en la ley para que los particulares puedan obtener solución a sus conflictos o diferencias, para lo cual se requiere la manifestación expresa de los contendientes de someterse a este mecanismo, solución que se materializa en un laudo proferido por terceros que actúan en calidad de árbitros y para ello la ley los inviste transitoriamente de la facultad de administrar justicia. Así se desprende de lo dicho por la Corte Constitucional: “El arbitramento representa un mecanismo para impartir justicia, a través del cual igualmente se hace efectiva la función pública del Estado en ese sentido, y claramente consagrado por el ordenamiento jurídico; es más, dicho instituto goza de autorización constitucional expresa, con determinadas características, en donde los árbitros quedan investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, con los mismos deberes, poderes, facultades y responsabilidades, en razón de haber quedado habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que señale la ley.

La solución arbitral es en la legislación colombiana un fallo o resolución judicial, no solo porque está autorizada por la ley como uno de los tantos procesos allí regulados, sino también porque los árbitros, a pesar de ser particulares y de ser escogidos, casi siempre directamente por las partes, son verdaderos jueces por mandato legal, con las facultades, deberes y responsabilidades propias de estos, cuya función es la de poner fin al litigio mediante una decisión o laudo arbitral, que tiene las características y los alcances de una sentencia judicial. Así lo ha confirmado la Corte Constitucional al asegurar que: “La decisión arbitral concretada en un laudo arbitral, bien sea en derecho o en equidad, es eminentemente jurisdiccional y equivale a una providencia judicial, en cuanto resuelve el litigio suscitado entre las partes, pronunciándose sobre los hechos, resolviendo sobre las pretensiones, valorando las pruebas, y declarando el derecho a la luz de los mandatos constitucionales y legales, o atendiendo a los principios de equidad. Claro está, que la ejecución y el control de ese laudo corresponde a la jurisdicción ordinaria permanente. No cabe entonces duda alguna de que el arbitramento constituye una institución importante para la obtención de una eficaz administración de justicia.