La debilidad del Estado, la alta concentración del capital social y del poder, y el empobrecimiento creciente de la mayoría de la población convergen en una crítica situación social para todos los colombianos, que se refleja en su fraccionamiento y mal funcionamiento, tanto individual como en conjunto.
El poder económico conformado por la Iglesia Católica, el Ejército Nacional, los sindicatos, los gremios económicos, los medios de comunicación y los partidos políticos tradicionales, es ejercido por el 3% del total de la población; es decir, un grupo reducido de menos de 9.000 personas, entre políticos, burócratas y empresarios, que han ocupado durante aproximadamente 20 años los cargos más influyentes en la nación.
Esta desigualdad en la distribución de las oportunidades sumada al desprestigio creciente de la clase política y directiva, ha conducido a una crisis generalizada de desconfianza en el sistema social.
El 56.3% de los Colombianos, unos 22.6 millones de personas, se encontraba bajo la línea de pobreza en 1999. Para el Departamento Nacional de Planeación (DNP), máximo rector de la política económica del país, los pobres, considerados como quienes reciben menos del 42% del salario mínimo vigente, aumentaron durante los últimos dos años en 2.87 millones de personas.
Según esta misma fuente, en el mismo período la población total de colombianos creció en 954.000 habitantes, tres veces menos que la cantidad de pobres. De los 22.6 millones de pobres que había en el año 2000, 7.9 millones eran indigentes; es decir, el 19.7% de la población del País.
Reitera esta institución que durante el último año la pobreza creció en un 4.8%, mientras que los niveles de indigencia lo hicieron en un 1.8%. En las zonas urbanas, un 47.2% de los habitantes se encontraba bajo la línea de pobreza (la cifra más alta de toda la década). En las zonas rurales un 79.6% de la población estaba en esa condición (también la mayor del decenio).
La distribución del ingreso en el país es una de las menos equitativas. Esto se comprueba en recientes estudios que aseguran que, después de su enorme deterioro entre los años 30 y 60, la desigualdad del ingreso monetario descendió rápidamente en los setenta. Durante los últimos quince años continuó en descenso, pero más lentamente.
Los niveles de analfabetismo en Colombia disminuyeron, del 40% hasta el 8.5% durante la última mitad del siglo anterior. Las tasas de analfabetismo femenino, que inicialmente eran mayores que las masculinas, se igualaron a las de los hombres al final de este período.
No obstante este evidente progreso en los niveles educativos de la población, es importante anotar que en términos absolutos el número de personas iletradas se ha mantenido en 3.5 millones aproximadamente, y que la tasa de escolaridad promedio obtenida en el 2000 alcanza tan sólo a siete años por persona.
Este resultado es especialmente significativo si se tiene en cuenta que el desempleo creciente tiene su mayor incidencia sobre la población con menor escolaridad promedio.
Aunque la crisis económica y social por la que atraviesa Colombia afecta de manera indiscriminada a la totalidad de sus pobladores, no hay duda de que el mayor efecto negativo recae sobre la más vulnerable: la población infantil.
No obstante este evidente progreso en los niveles educativos de la población, es importante anotar que en términos absolutos el número de personas iletradas se ha mantenido en 3.5 millones aproximadamente, y que la tasa de escolaridad promedio obtenida en el 2000 alcanza tan sólo a siete años por persona.
La seguridad física de la vida y los bienes de las los habitantes de Colombia cuenta con múltiples amenazas, impacta la calidad de vida y eleva los niveles de estrés.
Las muertes violentas, que promedian los 30 mil por año, se deben, en un 15%, a los combates que se llevan a cabo en torno al conflicto armado entre grupos guerrilleros, paramilitares o de autodefensa y el ejército regular. El restante 85% obedece a accidentes, ejercicio de la violencia y delincuencia común.
Actualmente se impone la modalidad delincuencial del 'levante', consistente en que grupos de delincuencia común. Por una comisión, hacen el seguimiento, retención y posterior entrega de “secuestrables” a la guerrilla.
Este hecho constituye un mayor riesgo para la persona objeto del plagio, al quedar sometida al peligro proveniente de diversas fuentes.
Estas actividades de secuestro se atribuyen a la delincuencia común, paramilitares y, en mayor proporción, a los grupos guerrilleros como las ya mencionadas FARC y al Ejército de Liberación Nacional (ELN). La población víctima de este flagelo se concentra en industriales, ganaderos, extranjeros y población infantil.
En abril de 2000, las FARC emitieron su 'Ley 002' por medio de la cual conminan a todas las personas o entidades que manejen un capital de un millón de dólares o más a pagar un “impuesto voluntario”, bajo la amenaza de que en caso de no ser acatado sería cobrado a través de secuestro.
Estos mecanismos de obtención de recursos para financiar la guerra se intensifican como reacción a la obtención de recursos para la dotación del Ejército que el gobierno obtuvo a través del “Plan Colombia”.
LEl punto focal de convergencia del debilitamiento institucional y del tejido social colombiano es la población; en particular las personas más pobres y vulnerables, carentes de los medios fundamentales de subsistencia. También son vulnerables los requeridos para defenderse de los factores que ajenos a su voluntad, impactan de manera negativa su integridad y dignidad humana y su sentido de pertenencia a una sociedad hostil y deshumanizada.
La crisis humanitaria tiene su mayor, aunque no exclusiva expresión en el fenómeno de desplazamiento interno forzado. Es una realidad insuficientemente atendida por el gobierno y la prensa internacional; no obstante que en Colombia hay más desplazados que en Kosovo y Timor Oriental juntos.
El desplazamiento interno forzado se ha intensificado en los años recientes, hasta ubicar a Colombia como el segundo país con mayor cantidad de desplazados internos forzados en el mundo. Durante los últimos 15 años el conflicto armado ha sido responsable del desplazamiento involuntario interno de 2.5 millones de personas, de las cuales el 60% son menores de 18 años de edad.
No cuenta sólo la cantidad de desplazados sino también la velocidad con la que éstos son desplazados. En promedio, 40 colombianos son desplazados cada día; hoy llegan a contarse más de dos millones.
La intención de los grupos armados en conflicto de ejercer el control de un territorio es una de las razones principales para este aumento. Otra razón es económica, y obedece al deseo de colonización de tierras por parte de grupos de diversa índole. Los medios para el desplazamiento forzado son el terror y la violencia.
Los principales afectados por el desplazamiento son los habitantes de las zonas rurales en donde se desenvuelven combates por posiciones estratégicas, o en donde se establecen zonas de control para ejercer el cultivo de plantaciones de coca o amapola.
También, quienes moran en zonas de interés económico real o potencial, como por ejemplo los campos con reservas petrolíferas o en donde hay un plan para la realización de un gran proyecto económico futuro.
Los desplazados sufren no sólo la pérdida de sus posesiones, sino muchas veces el asesinato de sus seres queridos. Al huir para salvar la vida dejan atrás sus raíces y su historia, y se lanzan al vacío del desarraigo.
En todos los casos, los desplazados sufren todo tipo de carencias y terminan convirtiéndose en los más pobres entre los pobres.