Trámite

La ley especifica que para que una persona pueda ser admitida a proceso concursal deberá reunir uno de cualquiera de los siguientes supuestos:

• “En graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de las mencionadas obligaciones.
• Si se teme razonablemente que llegue a cualquiera de las dos situaciones anteriores”^[1].

El deudor o su apoderado deberán presentar solicitud ante la Superintendencia de Sociedades, la cual contendrá “la fórmula de arreglo con sus acreedores y una memoria explicativa de las causas que lo llevaron a su situación de crisis”, y la misma estará acompañada de los siguientes documentos:

• “Documento que acredite la existencia, representación legal y domicilio.
• • Los estados financieros debidamente certificados, correspondientes a los tres últimos ejercicios y los dictámenes respectivos, si existieron.
• • Un estado de inventario cortado dentro del mes anterior a su, presentación, en el cual, previa comprobación de su existencia se detallen y valoren sus activos y pasivos, con indicación precisa de su composición y de los métodos para su valuación. En dicho estado, o en sus notas, se detallará por lo menos:
• La ubicación, discriminación y gravamen que soportan sus bienes. Tratándose de bienes cuya enajenación o gravamen se encuentre sujeto a registro, se expresarán los datos que de acuerdo con la ley sean necesarios para que éste proceda;
• Una relación completa y actualizada de los acreedores, con indicación del nombre, domicilio y dirección de cada uno cuantía y naturaleza de los créditos, tasas de interés, documentos en que consten, fechas de origen y vencimiento, nombre, domicilio y dirección de la oficina o lugar de habitación de los codeudores, fiadores o avalistas. En caso de ignorar los mencionados lugares, el deudor deberá manifestarlo expresamente;
• Con respecto a las obligaciones tributarlas, una discriminación por clase de impuestos, identificando su cuantía, forma de pago, intereses, sanciones y las declaraciones tributarlas correspondientes. Así mismo, una relación de todas las actuaciones administrativas y procesos de jurisdicción coactiva que estén en curso;
• Con respecto a los pasivos laborales, una relación de los trabajadores del deudor, indicando el cargo que desempeñen; del personal jubilado a su cargo y de los ex trabajadores a quienes se adeude sumas de carácter laboral, especificando el monto individual actualizado de cada acreencia.

En caso de que existieron sindicatos, además de informar tal circunstancia, se señalará el nombre de sus representantes.

• Una relación de los procesos judiciales y de cualquier procedimiento o actuación administrativa de carácter patrimonial que adelante el deudor, o que cursen contra él, indicando el juzgado o la oficina donde se encuentren radicados y el estado en que se hallen.
• Una relación de los procesos concursases que se hubieren adelantado respecto del deudor.

PARÁGRAFO 1o. Cuando la solicitud no reúna los documentos o informaciones indicados en este artículo o el concordato hubiere sido abierto de oficio o a petición de un acreedor, se señalará un plazo no mayor de diez días para que se presenten dichos documentos o informaciones.

PARÁGRAFO 2o. Los acreedores relacionados por el deudor, por ese solo hecho se considerarán reconocidos en la cuantía indicada, sin perjuicio de las objeciones que puedan formularse. En todo caso, el acreedor podrá solicitar un mayor valor, relacionado por el deudor y el solicitado por él” ^[2].

Con razón expresa el doctor REYES VILLAMIZAR que infortunadamente dentro de la norma que establece los requisitos de la solicitud se obvió el de precisar que dicha manifestación se hace bajo la gravedad de juramento, ya que en muchas ocasiones lo allí expresado no se acoge a la realidad y la única consecuencia consiste en la no admisión al concurso y si el funcionario público lo decide compulsará copias a las autoridades penales para la investigación de la comisión de posibles delitos.

Dentro de los tres días siguientes se deberá admitirla dentro de los tres días siguientes, mediante providencia que no admite recurso alguno. Esta providencia deberá contener los requisitos y el contenido descrito en el artículo 98 de la ley 222 de 1995 a saber:

• “Designar un contralor, con su respectivo suplente, tomado de la lista que para tal efecto lleve la Cámara de Comercio del domicilio del deudor.
• Designar una junta provisional de acreedores, con sus respectivos suplentes personales, integrada así:

a) Un representante de las entidades públicas acreedoras;

b) Un representante de los trabajadores;

c) Un representante de las entidades financieras;

d) Un representante de los acreedores con garantía real, que no sean entidades financieros;

e) Un representante de los acreedores quirografarios, que no sean entidades financieras;

f) El representante de los tenedores de bonos, si los hay;

g) La sociedad administradora de los patrimonios autónomos generados mediante la titularización de los activos del deudor, si los hay.

En caso de que no exista alguna de las categorías de acreedores a que se refieren los literales a), b), c), d) y e), la designación podrá recaer en un miembro de cualquiera otra.

Tales representantes serán escogidos de la relación de acreedores que el deudor presente.

Los acreedores determinarán la persona que en su nombre llevarán la representación, quien no necesariamente debe ser abogado.

• Prevenir al deudor que, sin su autorización, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones, ni hacer pagos o arreglos relacionados con sus obligaciones, ni reformas estatutarias cuando se trate de personas jurídicas.

Los actos que se ejecuten en contravención a lo previsto en este ordinal, serán ineficaces de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial y darán lugar a que la Superintendencia de Sociedades imponga al acreedor o al deudor, según el caso, multas sucesivas hasta de cien (100) salarios mínimos mensuales, hasta tanto se reverse la operación respectiva.

La Superintendencia de Sociedades decidirá de plano sobre las solicitudes de autorización previstas en este ordinal, mediante providencia que sólo tendrá recurso de reposición, el cual no suspenderá el trámite del Concordato.

• Ordenar la notificación a los acreedores, mediante emplazamiento por medio de un edicto que se fijará al día siguiente de proferida la providencia de apertura, por el término de diez días, en la Superintendencia de Sociedades.

Durante el término de fijación del edicto, éste se publicará a costa del deudor o de cualquier acreedor en un diario de amplia circulación nacional y en otro del domicilio principal del deudor si lo hubiere; y será radiodifundido en una emisora que tenga sintonía en dicho domicilio.

• Comunicar de inmediato la apertura del concordato a los acreedores relacionados en la solicitud y a las entidades públicas de las cuales pueda ser deudor de impuestos, tasas o contribuciones, indicándoles el término que tienen para hacerse parte.

Cuando se trate de acreedores fiscales, dicha comunicación se hará por oficio, acompañando la relación que para el efecto presentó el deudor.

No obstante lo previsto en este numeral, para que se entienda notificada la providencia de apertura del proceso bastarán el edicto y las publicaciones de que trata el numeral anterior.

• Ordenar de inmediato a la Cámara de Comercio la inscripción de la providencia de apertura en el registro mercantil o en la oficina correspondiente del domicilio principal del deudor y demás lugares donde tenga sucursales, agencias o establecimientos de comercio, las cuales, en adelante, deberán anunciarse siempre con la expresión "en concordato".

A partir de la inscripción, todo pago o extinción de obligaciones concordatarias se sujetará a las reglas establecidas en esta ley.

• Decretar el embargo de los activos del deudor cuya enajenación esté sujeta a registro, declarados en la relación de activos, y librar de inmediato los oficios a las correspondientes oficinas para su inscripción. Si en ellas aparece algún embargo registrado sobre tales bienes o derechos, éste será cancelado y de inmediato se inscribirá el ordenado por la Superintendencia de Sociedades y se dará aviso a los funcionarios correspondientes.

PARÁGRAFO. La providencia de apertura deberá notificarse al deudor personalmente, en la forma prevista por el Código de Procedimiento Civil, lo cual no impide que se ejecuten de inmediato las medidas adoptadas en ella”.

Luego de ejecutoriada la providencia se inicia en firme el proceso respetando los principios descritos al iniciar este capítulo. Como resultante del análisis de los textos, los requisitos y la providencia tiene unos parámetros muy precisos y que por tratarse de normas de orden público no son susceptibles de ser modificadas por los particulares.

[1] Art. 91 ley 222 de 1995.

[2] Los estados financieros que debe presentar son los siguientes: Balance general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de cambio en la situación financiera y el estado de flujo de efectivo.