De acuerdo con la ley y la Constitución, la Gerencia Pública interviene de manera particular en la política estatal de planificación. A diferencia de la empresa privada, los administradores del Estado no pueden escoger su sistema de planificación y por lo tanto se requiere presentar los elementos distintivos de la planificación en Colombia.

A medida que avance el tiempo, y exista cambio de gobierno en el país, algunos elementos se mantendrán, pero otros se modificarán; por eso el profesional debe actualizarse de manera periódica.

En esta unidad se tratarán los aspectos más representativos que permitan una adecuada renovación de los principales conceptos.

Objetivo General

Comprender la planificación en Colombia y los diferentes planes de desarrollo en el tiempo.

Objetivos Específicos

• Señalar los cambios históricos fundamentales en el sistema de planificación en Colombia.
• Analizar los más recientes planes de desarrollo de los gobiernos.
• Examinar la gestión de los recursos financieros en la empresa pública.
• Identificar los efectos del plan de desarrollo en el sector público.
• Estudiar la gestión de la información financiera en la empresa pública.
• Conocer los estados financieros de las entidades públicas.

Para poder encontrar la igualdad, el respeto por los intereses comunes y el desarrollo social, es necesario reclamar un sistema de planificación eficaz y creíble, que esté acorde a las necesidades el pueblo que lo exige. Por eso, con la Constitución de 1991 planteó la necesidad de realizar un Plan de Desarrollo, que cuente con la participación de varios sectores, como los sociales, los económicos, los políticos y los regionales.

Toda planificación tiene unos responsables que varían según su instancia, ya sea territorial o nacional, para este último la evaluación la realiza el Departamento Nacional de Planeación; organismo que además diseña y emprende los sistemas de evaluación de gestión y de resultados.

Material de apoyo

La Constitución establece que el país debe contar con un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas de orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales a largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno.

Por su parte, el plan de inversiones públicas tendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución.

Al igual que la Nación, cada ente territorial elaborará y adoptará, de manera concertada con el Gobierno Nacional, su propio plan de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los planes de las entidades estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones a mediano y largo plazo.

El Plan Nacional de Inversiones se expedirá mediante una ley que tendrá prelación sobre las demás leyes (L.188/95), en consecuencia, sus mandatos constituirán mecanismos idóneos para su ejecución y suplirán los existentes sin necesidad de la expedición de leyes posteriores, con todo, en las leyes anuales de presupuesto se podrán aumentar o disminuir las partidas y recursos aprobados en la ley del plan.

La ley Orgánica del Plan de Desarrollo se aplica en toda la Nación, en las entidades territoriales y en los organismos públicos de todo orden. El Plan tiene un carácter estratégico y un propósito de inversiones operativo e igualmente una financiación que depende de las actividades prioritarias financiadas por rentas del FIR.

Material de apoyo

El artículo 339 de la Constitución Nacional dispone que es necesario acceder a unos planes de desarrollo en los ámbitos nacional y territorial, conformados por una parte general de carácter estratégico y por un plan de inversiones de carácter operativo.

Partiendo de estos dos segmentos, la gestión financiera de los entes del Estado podrá ser supervisada, administrada y evaluada. Ésta deberá estar bien elaborada para presentar claramente lo que en verdad se va a ejecutar dentro de la administración.

Para entender mejor este tema, hay que tener presente que el país tiene una economía capitalista, que puede mantenerse en estado de desequilibrio prolongado sin que las fuerzas espontaneas del mercado tiendan a corregirlo. El problema del empleo no depende exclusivamente de los salarios devengados, sino de la demanda efectiva; es aquí donde nace la necesidad de una intervención del Estado, partiendo de una política fiscal que se visibiliza en la construcción del Plan Nacional.

La administración financiera, en conjunto con la administración de recursos humanos, compras y contrataciones y la administración de bienes, debe posibilitar el suministro en tiempo, forma y calidad adecuadas de los insumos necesarios para que las áreas productivas del sector público, tales como educación, salud, defensa, seguridad, relaciones exteriores y transporte, entre otras, puedan ofrecer a la sociedad lo que ésta le demanda con eficacia y eficiencia.

Esta concepción de administración financiera, de gran importancia en el Plan Nacional y la planificación territorial, implica articular la gestión al registro y así generar un verdadero proceso de reingeniería en la programación y administración de los recursos reales y financieros del sector público que, además de posibilitar que dicha gestión sea transparente, le garantice a los órganos de control y a la ciudadanía una mayor vigilancia de las acciones de los funcionarios.

La gestión financiera está concebida en el Sistema Contable Público, a partir de cuatro ramas de funcionamiento independientes. Bajo esta concepción, cada transacción económico financiera es registrada tantas veces como ramas de la contabilidad afecta.

Por otro lado, la contabilidad está orientada básicamente a garantizar el control legal y formal de la utilización de los recursos públicos y por eso no se orienta a brindar información gerencial oportuna y fidedigna de la gestión económico-financiera del sector público.

Así mismo, y en el marco de una moderna concepción de administración financiera, la contabilidad es concebida como el conjunto de principios, normas, recursos y procedimientos técnicos utilizados para procesar, valuar y exponer los hechos económicos que afectan, o pueden llegar a afectar, el patrimonio de las organizaciones.

La concepción administrativa y contable, al igual que las transacciones, se registran una única vez y, a partir de ese registro único, se obtienen todas las salidas de información presupuestaria, financiera, económica y patrimonial que se necesiten. Así se logra la eficiencia en la administración y la absoluta coherencia entre los estados financieros que se produzcan.

De esta manera, además de reducir costos, se evitan diferencias en la información que generan confusión e indefiniciones a los responsables de la toma de decisiones.

Las operaciones se deben registrar en el lugar donde se produzcan los hechos económicos, a fin de obtener información oportuna, confiable y segura; esto es lo que posibilita vincular directamente el registro con la gestión.

Para ello, se requiere que las unidades ejecutoras de programas dispongan de terminales computacionales, conectadas a la base central y con capacidad de procesar operaciones y acceder a salidas de información, ya sea en pantallas o listados impresos.

La gerencia pública y administración financiera van más allá de un modelo tecnocrático o instrumental. Es una herramienta de gobierno y su utilización apropiada otorga ventajas de índole político.

Es la administración financiera la que impulsa una mejor gestión pública y por eso no deber ser un fin en sí mismo. La reforma de la administración financiera no determina el éxito de un gobierno, pero le facilita el alcanzar la eficiencia en los procesos productivos, pues esa es el propósito de todo gobierno.

Por otro lado, el logro de la transparencia en la gestión pública, que debe ser uno de los objetivos centrales de una reforma de este tipo, posibilita de manera eficiente el control social; es decir una intervención de los destinatarios del gasto público, aquellos que financian las actividades del gobierno a través del pago de impuestos.