La auditoría forense, ante la existencia de supuestos actos dolosos o fraudulentos, impone la aplicación de técnicas, procedimientos específicos o alternativos y normas de auditoría, generalmente aceptadas, que permiten obtener evidencia de apoyo al poder judicial. Por lo tanto, es muy importante conocer las normas nacionales e internacionales promulgadas para luchar contra los distintos delitos.

Objetivo general

Conocer las normas legales establecidas para el castigo del delito de lavado de activos, al igual que algunos casos que han dado lugar a leyes internacionales como la Ley Sarbanes - Oxley y otras, que han permitido establecer normas colombianas dirigidas al castigo de esta clase de delitos.

Objetivos específicos

• Aplicar el fundamento legal de las distintas leyes y normas para la prevención del delito.
• Entender el proceso de cadena de custodia.
• Comprender en qué consiste el sistema penal acusatorio
• Conocer cómo actúa la auditoría forense en el proceso tributario.
• Conocer el procedimiento para valuación de empresas.
• Reconocer que es la Ley USA Patriot y Victory Act.
• Conocer la Ley Sarbanes - Oxley.
• Identificar las cuarenta recomendaciones establecidas por el GAFI.

La auditoría forense no sólo está limitada a los hechos de corrupción administrativa, también el profesional forense es llamado a participar en actividades relacionadas con diversos tipos de investigaciones.

La experiencia dice que para complementar los conocimientos del contador y auditor habitual, y formarlo como auditor forense, se deben incluir aspectos de investigación legal y formación jurídica, con énfasis en la recolección de pruebas y evidencias, ya que sus habilidades en el manejo de evaluación de control interno y procedimientos de auditoría, lo destacan como un profesional de alta idoneidad.

La auditoría forense es una herramienta muy valiosa en la aplicación de la justicia y debe, por lo tanto, ser un proceso legal que se derive de la autorización de una entidad oficial (Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, una Corte Civil o Criminal, etc.).

Este procedimiento como es de tipo investigativo y lo que se persigue es la judicialización y, a la postre, la penalización o exoneración, debe ser ejecutado bajo normas internacionales de auditoría especial para evitar cometer errores que por insignificantes que puedan ser, anulen totalmente la investigación y el caso en la corte o tribunal de justicia pueda ser desestimado por un juez.

El tema probatorio dentro del nuevo proceso penal es de vital importancia. Un adecuado manejo garantiza el éxito de la investigación fiscal. Estando frente a la implementación gradual de un nuevo sistema de investigación y juzgamiento de los delitos, cuya regulación tiene como base el marco constitucional, lo que implica un respeto irrestricto a las garantías fundamentales de las personas sometidas al proceso penal, tiene especial relevancia la prueba, como medio que da convicción al juzgador de la ocurrencia de un hecho.

Las Normas Internacionales de Auditoría definen fraude como un acto intencional por uno o más individuos dentro de la administración, empleados o terceras partes, el cual da como resultado una representación errónea de los estados financieros.

Ahora bien, la responsabilidad del auditor interno respecto del fraude en la organización, consiste, fundamentalmente, en poseer los conocimientos necesarios para identificar los indicadores de fraude, sin embargo, eso no constituye un limitante para que, de considerarlo necesario y procedente, se incorpore a la unidad de auditoría interna uno o varios auditores forenses para asumir con mayor fortaleza la responsabilidad frente al fraude en los términos antes mencionados o incluso colaborando o liderando las investigaciones de fraude (auditoría forense) que se realizan dentro de la organización. La Association of Certified Fraud Examiners, explica que los casos de fraudes financieros son muchos y muy variados.

El objetivo de una auditoría forense tributaria es brindarle la tranquilidad a las directivas de la empresa de que el manejo que se le ha dado a sus impuestos es el correcto y que no tendrá ningún problema legal con el Estado por este concepto. Son variadas las maniobras que las empresas utilizan para disminuir sus impuestos a pagar. Entre éstas se tienen las que buscan omitir u ocultar ingresos y las que su objetivo es incrementar los costos y las deducciones.

Generalmente la elusión o evasión es política de la empresa, por lo que una auditoría no es determinante para identificar la situación de la empresa, pero cuando los hechos que configuran la elusión o evasión no son política de ésta, sino producto de errores, de malas prácticas contables o de decisiones del personal o mandos medios y bajos de las empresas, sí se requiere de la auditoría forense tributaria, con el fin de identificar cualquier conducta que puede generarle problemas a la empresa en un futuro.

La Ley Patriota, denominada en inglés USA PATRIOT Act, es un texto legal estadounidense promulgado el 26 de octubre de 2001. Fue aprobada por una abrumadora mayoría, tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado estadounidense, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El objetivo de esta ley es ampliar la capacidad de control del Estado en aras de combatir el terrorismo, mejorando la capacidad de las distintas agencias de seguridad estadounidenses al coordinarlas y dotarlas de mayores poderes de vigilancia contra los delitos de terrorismo. Así mismo, la ley también promulgó nuevos delitos y endureció las penas por delitos de terrorismo.

La polémica ley aumenta el poder del gobierno federal a niveles impensables en ese país y por eso ha sido criticada por organizaciones de derechos civiles que creen que da demasiadas atribuciones a las autoridades. Por ejemplo, la ley da poder para realizar, a escala nacional, interceptaciones telefónicas, investigar correos electrónicos y hacer registros en viviendas de los sospechosos de terrorismo.

Para ampliar la información sobre este tema consulte en qué consiste la Ley Victory act o Acta de la Victoria y la Ley o Estatuto Antiterrorista en Colombia.

La Ley Sarbanes - Oxley es una Ley Federal de los Estados Unidos que ha generado una gran controversia y que supuso la respuesta a los escándalos financieros de algunas grandes corporaciones como los de Enron, Tyco International, WorldCom y Peregrine Systems. Estos escándalos hicieron caer la confianza de la opinión pública en las empresas de auditoría y contabilidad. La ley toma su nombre del senador del partido demócrata, Paul Sarbanes, y el congresista del partido republicano, Michael G. Oxley.

La ley, que fue aprobada por amplia mayoría, tanto en el Congreso como en el Senado, abarca y establece nuevos estándares de actuación para los consejos de administración y dirección de las sociedades, así como los mecanismos contables de todas las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos. Introduce también responsabilidades penales para los consejos de administración y unos requerimientos por parte de la SEC (Securities and Exchanges Commission), organismo encargado de la regulación del mercado de valores de Estados Unidos.

El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI), es un cuerpo internacional independiente constituido por veintinueve países y gobiernos y dos organizaciones internacionales. El GAFI es un organismo intergubernamental cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales, proceso consistente en ocultar el origen ilegal de productos de naturaleza criminal. Estas medidas intentan impedir que dichos productos se utilicen en actividades delictivas futuras y que afecten a las actividades económicas lícitas.

La necesidad de abarcar todos los aspectos relevantes de la lucha contra el blanqueo de capitales se refleja en el conjunto de las cuarenta recomendaciones que el GAFI ha decidido aplicar y cuya adopción se promueve en todos los países.

El GAFI reconoció, desde el principio, que los países tienen sistemas jurídicos y financieros diferentes, de modo que todos ellos no pueden adoptar las mismas medidas. Por lo tanto, las recomendaciones constituyen los principios de acción en materia de blanqueo de capitales que los países deben aplicar, de acuerdo con sus circunstancias particulares y su marco constitucional, dejando a los países cierta flexibilidad en su aplicación, en lugar de obligar a cumplir todos los detalles. Las medidas no son complicadas o difíciles, siempre que exista voluntad política de actuar. Tampoco comprometen la libertad de llevar a cabo operaciones lícitas, ni amenazan el desarrollo económico.

Lectura complementaria

La administración de la empresa tiene la responsabilidad de prevenir la ocurrencia de irregularidades que conlleven a desvirtuar la información financiera que se representa, finalmente, en forma de estados financieros. Esto conduce a instituir un ambiente de control diseñado para identificar y erradicar de manera efectiva cualquier acto fraudulento que pueda suceder y que traiga como consecuencia la presentación de información financiera inexacta.

Por otra parte, la cadena de custodia se presenta en el nuevo modelo procesal penal como un tema que debe ser abordado con mayor profundidad en la doctrina y por la jurisprudencia, según se vayan produciendo las primeras resoluciones dentro de la vigencia del Nuevo Código de Procedimiento Penal, porque toda prueba que se quiera actuar se verá siempre ligada a la construcción de la cadena de la custodia. Por esta razón se estima que en la obtención, incorporación y actuación de la prueba se deben cumplir, escrupulosamente, los procedimientos dispuestos en la normatividad sobre la cadena de custodia, solo así se legitimará una sentencia, sea esta condenatoria o absolutoria.

Finalmente las cuarenta recomendaciones establecidas por el GAFI son medidas esenciales para el establecimiento de un marco eficaz contra el blanqueo de capitales.