La presencia del Estado para defender el territorio nacional, con el fin asegurar el orden interno y hacer respetar las leyes y la constitución, es para la gran mayoría de colombianos inobjetable. Sin embargo, el Estado juega otro papel importante y fundamental como lo es proveer bienes y servicios a la sociedad.

Las finanzas públicas se ocupan de la forma como el Estado percibe sus ingresos y de la forma como los utiliza o debe utilizarlos. El manejo de parámetros y fórmulas para el ingreso y el gasto públicos, que permiten alcanzar logros de objetivos sociales, es lo que se denomina política fiscal, la cual hace parte de la participación del Estado en la Economía.

La intervención pública en las actuales economías capitalistas es necesaria para dirigir y complementar las funciones del mercado. Por esta razón, se incluye el análisis de la participación del Estado en la Economía enfocado al caso colombiano.

Objetivo general

Comprender el porqué de la intervención del Estado en la economía, estableciendo los parámetros de la política fiscal y estudiando el comportamiento de los impuestos y los gastos.

Objetivos específicos

• Conocer las fuentes de ingreso del Gobierno central.
• Obtener claridad sobre la política fiscal, tanto en el recaudo de los tributos como su redistribución.
• Aprender el manejo monetario para equilibrar la demanda y oferta de dinero.
• Conocer los mecanismos que utiliza el Gobierno central para lograr la eficiencia en su gestión, la cual le permitirá a las empresas un mayor nivel de desarrollo.

Las leyes antimonopolios se orientan a que una pequeña porción de las empresas alcancen a controlar una gran parte de un mercado, para evitar que, restringiendo la oferta, puedan aumentar los precios al consumidor. Pero también se puede dar el caso de que haya tal número de empresas, que no se justifique económicamente su presencia, pues ello encarece los costos.

La dirección del Estado debe controlar estas circunstancias para promover equidad, aunque algunos monopolios estuvieron en manos del Estado, como fueron los acueductos y la telefonía. El suministro de bienes públicos es uno de los objetivos básicos de la política fiscal, lo mismo que la responsabilidad del Gobierno por lograr estabilidad en la economía. Para tal efecto, la teoría económica reconoce la importancia de la formación de capital, tanto físico como humano, del cambio tecnológico y de la tasa de ahorro en el proceso de desarrollo.

La acción estatal para intervenir en este proceso resulta crucial para modular y acelerar el ritmo del crecimiento del producto potencial de la economía en el largo plazo, más allá de lo determinado por el libre juego de las fuerzas del mercado.

Para el cumplimiento de sus funciones de provisión de bienes y regulación de la economía, el Estado debe contar con recursos de financiamiento adecuados. Con tal fin, se impone una serie de gravámenes a cargo de los agentes económicos: Impuestos, Tasas o tarifas, Contribuciones , Rentas contractuales, entre otros.

Todos los recursos anteriores constituyen la disponibilidad normal del Estado y se consignan en las leyes anuales de presupuesto como los ingresos corrientes. Con ellos se puede encontrar un indicador de la solidez de la situación fiscal de un país y de su esfuerzo fiscal.

La clasificación más usada de los ingresos corrientes del Estado son: Tributarios, No Tributarios y la Cuenta Especial de Cambios.

Cuando los ingresos corrientes son insuficientes para atender los gastos del Estado, entonces se recurre a otras fuentes de ingresos denominados ingresos extraordinarios o de capital que cubren la diferencia entre los gastos y los ingresos corrientes.

La manera como los impuestos afectan el flujo circular de la economía puede verse en la gráfica de esta pantalla. En este punto es necesario distinguir lo que significa el impuesto directo y el impuesto indirecto.

El impuesto directo es el que recae de manera inmediata sobre el contribuyente, como el de la renta, y el impuesto indirecto es el que recae sobre bienes y servicios y que por consiguiente afectan al contribuyente, como el IVA.

Una persona natural o jurídica señalada por la ley como responsable del pago de un gravamen, no necesariamente es la misma que en último término asume la carga económica del tributo, pues cabe la posibilidad de que esa persona lo traslade, bien sea hacia delante, es decir, hacia sus clientes, elevando los precios de venta de sus productos, o hacia atrás, a sus proveedores y empleados, ofreciéndoles un precio o remuneración menor del que habría pagado de no existir el impuesto.

Ha sido una preocupación permanente de los economistas y juristas determinar principios y normas justas que regulen la estructura tributaria. Algunos de los criterios básicos sobre esta materia fueron incluso definidos desde la época de los economistas clásicos; unos han sobrevivido intactos desde entonces, otros han sido retomados bajo nuevas justificaciones teóricas en épocas más recientes.

Desde un punto de vista jurídico, en la mayor parte de los países occidentales se deduce que las normas impositivas deben respetar ciertos principios básicos como los de igualdad, generalidad y no confiscatoriedad. Con base en esto, los economistas han precisado un poco más los requisitos que deben servir como criterio evaluador de la calidad de la estructura impositiva.

Ahora bien, aunque el criterio de equidad y justicia no siempre son fácilmente manejables en la práctica, constituyen tal vez el criterio básico para el diseño de la estructura tributaria. Al respecto, es posible distinguir fundamentalmente dos tipos de aproximación al problema: El principio de beneficio y su aplicación y El principio de capacidad de pago y su aplicación.

La progresividad del sistema tributario se explica básicamente por los impuestos a la renta de personas naturales, los impuestos al patrimonio y las tarifas más altas aplicadas a los bienes de lujo en el impuesto a las ventas y de aduanas. Todo lo anterior ha estado expuesto a constantes reformas a través de la historia de Colombia, tal y como se evidencia en la anterior línea de tiempo.

La incidencia del impuesto a las ventas ha probado ser uno de los más dinámicos del sistema actual, al tiempo que ha sido también objeto de controvertidas reformas en los últimos años. Uno de sus aspectos de discusión es la incidencia distributiva.

Ahora bien, parte de las críticas al impuesto a la renta y complementarios es que implica un doble gravamen al ahorro y ello, a su vez, se traduce en menores niveles de inversión y, por tanto, de crecimiento económico. Pero ante la dificultad de implementar el impuesto al gasto, muchos países, incluido el nuestro, han hecho en diversas épocas amplio uso de diferentes instrumentos fiscales para estimular el ahorro y la inversión, orientar la asignación de recursos en la economía y favorecer el desarrollo de ciertas regiones.

La materialización concreta de la voluntad de acción estatal queda plasmada en el presupuesto de cada organismo público, que se puede definir como un instrumento de tipo financiero en el cual se registran las previsiones de ingresos y el destino de los gastos en un periodo determinado, en función de criterios y objetivos económicos, sociales y políticos previamente determinados.

El Poder Ejecutivo tiene la iniciativa en el diseño presupuestal, pues es él quien mejor conoce las necesidades inmediatas del Estado. En principio, cada organismo ejecutor de los gastos presenta a la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación (DNP) una relación de los programas que aspira a llevar a cabo. Con base en ellas, la Dirección de Presupuesto fija las prioridades en los gastos de funcionamiento y servicio de la deuda. El DNP, por su parte, define las de inversión, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de financiamiento y los objetivos del Plan de Desarrollo. El Estatuto Orgánico establece determinadas reglas de valoración para la programación de éstos.

El conjunto de ingresos y gastos de estos dos niveles de la administración se denomina Presupuesto General de la Nación, el cual se presenta ante el Congreso para su estudio y aprobación por el Ministerio de Hacienda, durante los primeros diez días de sesiones ordinarias. De lo contrario, regirá el mismo presupuesto del año anterior.

Ahora bien, la Ley es consciente de que los estimativos presupuestales pueden ser inexactos e incompletos. Una opción corriente para subsanar las inexactitudes es la de efectuar traslados presupuestales, reforzando ciertas partidas y disminuyendo correlativamente otras; como son los créditos adicionales y contra créditos.

El ahorro y el déficit fiscal constituyen dos de los indicadores más ampliamente utilizados por los economistas para evaluar el desempeño financiero del sector público y su impacto sobre la actividad económica general.

En primera instancia se analizan los aspectos relativos a su forma de cálculo como algunos ajustes que se considera conveniente hacer a la información básica, para que ella sea un mejor reflejo de la problemática subyacente.

En una segunda etapa, se presenta la evolución de aquellas variables en el caso colombiano donde su tasa de ahorro del sector público ha mostrado unos niveles normales en comparación con el de otros países con un grado similar de desarrollo. Sin embargo, su evolución ha sido bastante inestable en el transcurso de las dos últimas décadas.

Finalmente, se estudia la inversión del sector público, el financiamiento del déficit fiscal y su impacto Macroeconómico en la siguiente ampliación temática.

Una de las metas de la política monetaria es contener la inflación. Una inflación alta puede acarrear graves consecuencias para el desempeño de la economía. Quizá la más grave sea que indirectamente puede desembocar en una recesión o en situaciones peores aún.

A su vez una inflación elevada tiende a frenar el crecimiento económico y la productividad, porque introduce un elemento adicional de incertidumbre en las decisiones de inversión de las empresas.

A los bancos, por su parte, les es más difícil llegar a un acuerdo sobre la tasa de interés apropiada y el impacto que la inflación pueda tener sobre sus utilidades.

En cierto modo la determinación de las tasas de interés es bastante fácil de entender. En general, en una economía de libre mercado los precios se rigen por las fuerzas de la oferta y la demanda.

Los cambios de las tasas de interés tienen una repercusión mucho más profunda que los tipos de inversión escogidos por la gente. Es algo más que decidir entre comprar acciones o efectuar un depósito generador de intereses en un banco local.

El incremento o reducción de las tasas de interés afectan al sector real de la economía. Cuando las tasas son bajas, los consumidores quieren comprar más porque los costos financieros son menores. Esto es fácil de entender, pero resulta un poco más compleja la manera en que las tasas repercuten en el mercado de la inversión. En cierto modo también es más importante, porque los efectos multiplicadores de las nuevas inversiones se hacen sentir en la economía.

En el modelo simplificado de Keynes sobre la política monetaria se advierte claramente cómo el banco central interviene para mantener la estabilidad económica. Si desea acrecentar la actividad económica, el banco central puede aumentar la oferta de dinero; esto favorece la aparición de bajas tasas de interés, lo cual a su vez genera niveles más altos de gastos agregados, generándose así empleos e ingresos más elevados. También, puede hacer lo contrario si desea aplicar una política monetaria contraccionaria en la economía. El problema radica, pues, en equilibrar las dos clases de política, de modo tal que se conserve la estabilidad y el crecimiento económico. Sin embargo, como sucede siempre en el mundo real, las cosas son un poco más complicadas.

El efecto de un cambio en las compras del gobierno en la demanda agregada es el mismo que un cambio en cualquier otro tipo de gasto. En un nivel de precios determinado, el efecto combinado de un cambio en las compras del gobierno y en los impuestos netos se obtiene al sumar sus efectos individuales. Si ambos, impuestos y compras del gobierno, cambian en la misma cantidad, la cantidad del producto agregado demandado también cambiará en la misma proporción, por lo tanto, el multiplicador del presupuesto equilibrado es igual a uno.

Una política fiscal expansionista puede cerrar la brecha contraccionista al incrementar las compras del gobierno o la transferencia de pagos o por reducir los impuestos. Las herramientas de la política fiscal son los estabilizadores automáticos y las medidas fiscales discrecionales.

Actividad de aprendizaje

Refuerza lo visto en esta unidad, sus conceptos y ejemplos, jugando Falso o Verdadero.